yriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y querellante en causas de lesa humanidad, fue patrocinadora de familiares de Rodolfo Walsh y Mario Santucho en una presentación que realizaron ante la Agencia de Acceso a la Información para exigir la apertura integral de los archivos de la última dictadura cívico militar y de los años previos.

“Es información que cada vez que sale a la luz trae consecuencias políticas, por eso se oculta”, indicó Bregman y explicó que “el caso de Milani es el más reciente y el más evidente” que muestra que “al salir a la luz su historia se cuestiona al propio jefe del Ejército”.

La abogada y legisladora del Frente de Izquierda, remarcó en este diálogo con Va Con Firma, que “para los familiares” esta información “tiene una validez histórica, pero para la vida política tiene una validez jurídica, con la que se podría identificar a muchísimos responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura”.

Bregman sostuvo que en cada caso presentaron “todas las pruebas que hemos recogido estos años de que los archivos existen” y además dieron “pistas ciertas de dónde pueden buscar”, por lo que creen “que el Estado no tiene ninguna excusa para no realizar la investigación que estamos pidiendo”.

-¿Cómo es la presentación que hicieron junto a Patricia Walsh y Mario Santucho por los archivos de la dictadura?

-Hicimos la presentación donde la cabeza es Patricia Walsh en representación de su padre, y pedimos información de su hermana y de su propia militancia porque ella acompañó a Rodolfo como periodista y trabajó muy cerca de su padre. En el caso de Mario Santucho pide por su padre y por esa versión que tiene Abuelas de que su mamá Liliana Delfino podría haber estado embarazada en el momento de su secuestro. Ellos encabezan un listado de otros casos que presentamos como el de Cesar Robles, un militante del PST que fue asesinado en el 74; el caso de Gloria Pagés Larraya, que su hermano Guillermo está desaparecido y fue caso del juicio a las juntas, del juicio llamado circuito ABO en Capital y tiene una hermana también desaparecida, Rosita Pagés Larraya, de la cual no se sabe absolutamente nada, solo que un día fue a tomar un colectivo y no volvió más. Entonces hacemos especial hincapié en el caso de Rosita y mostramos cómo hay casos en los cuales luego de tantos años no se sabe absolutamente nada. Después vamos a seguir agregando casos, se va a presentar Laura Villaflor por Raimundo Villaflor y otros.

-¿Hay certezas de que los archivos existen?

-El caso de Alejandrina Barri, que es otro que presentamos, es hija de desaparecidos, los papás fueron asesinados en Uruguay. Alejandrina estuvo secuestrada por las Fuerzas Uruguayas en conjunto con la patota de la ESMA que había viajado a Uruguay para ese operativo, en el que también secuestran al pianista Miguel Ángel Estrella y al diputado Jaime Dri. Entonces la tienen a Alejandrina retenida y la usan para una campaña de prensa diciendo centralmente “así tratan los montoneros a sus hijos”, y sale en la revista Somos, Gente y Para Ti de la Argentina. En el caso de Barri, que lo venimos trabajando bastante en la instrucción en el juzgado Federal 12 donde está la causa ESMA, después de mucho insistir y de pedir muchos oficios reiteratorios a la SIDE, hoy AFI, nos respondieron que sí tenían información y nos dieron datos sobre los padres de Alejandrina; incluida información de un operativo en el que el padre habría participado en el año 74. Esto confirma que no solo que los archivos de la represión existen sino que también tienen información guardada previa a la dictadura militar, lo cual es un dato muy importante y por eso presentamos el caso de César Robles, para exigir lo que tengan previo a la dictadura. Es decir, en cada uno de los casos nosotros demostramos que hay información, por ejemplo, hace unos años se publicaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el listado de quienes integraban el batallón 601 como PCI, como personal civil de la fuerza. En Neuquén estaba un personaje, Tarifeño, que se había infiltrado en el MST, el caso de Gerardo Martínez de la CGT; figuraban allí muchos casos. Si tienen esa información es evidente que el listado de los agentes secretos no es lo único que tienen. El ejército también tiene que conservar los datos del Batallón 601 y para el caso de Santucho son sumamente importantes. Y de la ESMA, además que queremos saber qué pasó con Rodolfo Walsh, con su cuerpo, con Vicki y todo lo demás, hacemos especial hincapié en la obra inédita de Walsh que fue apropiada de su casa de San Vicente.

-¿Ustedes presentan el fallo Savoia y la reciente desclasificación de archivos de Estados Unidos para exigir los datos?

-Los tres elementos nuevos que habilitan esta presentación son el reciente fallo Savoia, del periodista Claudio Savoia, donde la Corte Suprema de la Nación reconoce que hay derecho al Acceso a la Información; es indiscutible que en este caso el Estado tiene que poner todo lo que esté a su alcance para buscar la información que estamos pidiendo. Otro elemento nuevo es la propia ley de Acceso a la Información, de la cual el macrismo ha alardeado mucho diciendo que era una ley que mostraba que ellos buscaban la transparencia. Esperamos que la transparencia incluya la búsqueda de la Verdad y la Justicia. Hicimos la presentación ante la oficina especial que se creó por esta ley y estamos en la etapa administrativa todavía, solamente en el caso de rechazo iremos a la justicia. El caso de Savoia administrativamente se le rechazó en el 2011, y el fallo de la corte es reciente. Tuvo que recorrer un largo camino, pero creemos que jurisprudencialmente ese camino ya está recorrido por el fallo Savoia. El tercer elemento, que también ha producido muchas declaraciones de Mauricio Macri, es la desclasificación de archivos de Estados Unidos. Ya que Estados Unidos tiene tanto, y nos consta que también Cancillería argentina fue un gran acopiador de información de la dictadura, exigimos tanto lo que tiene Estados Unidos como cancillería.

-¿Por qué cree que el gobierno o los gobiernos se niegan a brindar esa información?

-Es un reclamo que los organismos de Derechos Humanos, personas como Nora Cortiñas, han insistido desde 1983 a esta parte. También la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, somos muchos los que venimos reclamando desde el 83 a esta parte. Es información que cada vez que sale a la luz trae consecuencias políticas, por eso se oculta. El caso de Milani es el más reciente y el más evidente; al salir a la luz su historia se cuestiona al propio jefe del Ejército. Es información que para los familiares tiene una validez histórica, pero para la vida política tiene una validez jurídica que se podría identificar a muchísimos responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura, incluso bajo el gobierno constitucional anterior.

-¿Qué información tienen sobre la obra inédita de Rodolfo Walsh?

-Hay muchos textos que Rodolfo estaba escribiendo en su casa de San Vicente cuando luego de que lo secuestraron y llevaron a la ESMA, allanaron, por ponerle un nombre legal y bombardearon porque la casa fue bombardeada, el 25 de marzo, allí se llevaron la obra. Está el testimonio de su compañera Lilia Ferreira, hoy fallecida, donde ella cuenta lo que había en la casa, que Rodolfo había terminado de escribir la Carta Abierta a la Junta Militar y los textos que estaba escribiendo. Y sobrevivientes de la ESMA relatan que esos textos fueron vistos tanto en la ESMA como en una casa operativa que tenía la ESMA en la calle Jaramillo en el barrio de Belgrano, entre ellos el cuento Juan se iba por el río, que hay un testigo que lo relató prácticamente de memoria porque Massera tenía un grupo de trabajadores esclavos, de secuestrados que los hacía hacer trabajo esclavo en la ESMA y ellos pudieron ver esa documentación. Ahí aportamos el camino que intuimos tuvo esa documentación. Y hay un testimonio muy importante de un sobreviviente, Martín Gras, no solo porque es sobreviviente y estuvo en la ESMA, porque realizó trabajo esclavo, y luego fue funcionario del gobierno en los noventa. Es alguien que tiene mucho conocimiento y señaló claramente en su testimonio ante una pregunta nuestra en un juicio oral, que él está casi seguro que es el servicio de inteligencia naval el que conserva esa información en el edificio que está frente a Comodoro Py, el edificio Central de la Armada donde siguen funcionando los servicios de inteligencia de la armada. Los servicios de inteligencia nunca fueron desarticulados, tal es así que hace unos años el CELS llevó a juicio y logró condena al almirante Jorge Godoy, a Rótolo y a otros agentes de la máxima jefatura de la Armada porque estaban haciendo espionaje ilegal. Entonces hubo continuidad en esos aparatos de inteligencia y sabemos que conservan esos archivos.

-Esto terminaría de confirmar que registraban cada cosa que hacían.

-Si, en el caso de la ESMA se microfilmaba absolutamente todo, que era una tecnología importante para esa época. Nosotros no hacemos un planteo general y sin pruebas. En cada caso que nombré y por eso después vamos a hacer otras presentaciones muy fundamentadas, vamos presentando todas las pruebas que hemos recogido estos años de que los archivos existen y dando pistas ciertas de dónde pueden buscar por eso creemos que el Estado no tiene ninguna excusa para realizar la investigación que estamos pidiendo.